Por tercera vez en tres elecciones consecutivas, los votantes de California estaban dispuestos a rechazar el martes por la noche una medida electoral que exigiría cambios importantes en las operaciones de las clínicas de diálisis que brindan atención vital a 80.000 personas con insuficiencia renal.
Después de que se contara aproximadamente el 30 % de las boletas el martes por la noche, el 68 % de los californianos había votado “no” a la Proposición 29.
La medida requeriría la presencia de un médico, enfermero practicante o asistente médico durante el tratamiento en las 600 instalaciones de diálisis para pacientes ambulatorios del estado.
Las compañías de clínicas de diálisis dicen que, según el mandato, se requerirían entre dos y tres médicos en cada instalación porque la mayoría está abierta al menos 16 horas al día, lo que crea una carga financiera que podría llevar al cierre de algunas clínicas.
Los partidarios insisten en que los pacientes de diálisis necesitan una atención más completa durante sus visitas regulares.
Fue la tercera elección general consecutiva en la que se pidió a los californianos que votaran sobre los reglamentos de diálisis. Y es una de las preguntas electorales más costosas en la historia del estado. Ambas partes gastaron colectivamente más de $90 millones este año, según registros estatales.
Los tres fueron respaldados por sindicatos que representan a los trabajadores de la salud.
California
Para mantenerse con vida, los pacientes de diálisis suelen someterse a tratamientos de cuatro horas al menos tres veces a la semana, durante los cuales las máquinas extraen la sangre del cuerpo del paciente, filtran las toxinas y luego vuelven a introducir la sangre, básicamente realizando temporalmente las funciones de los riñones. pero fuera del cuerpo.
DaVita Inc. y Fresenius Medical Care, dos de los proveedores de diálisis con fines de lucro más grandes del país, operan alrededor de las tres cuartas partes de las clínicas en California. Se estima que hay 80,000 pacientes de diálisis en el estado.
Quienes se oponen a la Prop. 29 dicen que la mayoría de las clínicas ya ofrecen atención de alta calidad y están reguladas por las autoridades federales y estatales. También señalan que todos los pacientes ya tienen un nefrólogo, un especialista en riñones, que supervisa su atención y que los nefrólogos también dirigen cada clínica en California. Dijeron que las iniciativas son parte de una táctica para presionar a las empresas de diálisis para que permitan que los trabajadores se sindicalicen.
“Este requisito innecesario costaría cientos de millones en todo el estado, lo que obligaría a las clínicas de diálisis en California a reducir los servicios o cerrar, dificultando que los pacientes accedan a sus tratamientos, poniendo sus vidas en riesgo”, dijo la campaña No On 29.
Los partidarios dicen que es una cuestión de seguridad.
“La mayoría de los pacientes de diálisis son médicamente frágiles y a menudo tienen otros problemas de salud”, dijo un comunicado de Yes On 29. “Actualmente, cuando ocurren problemas graves, la mayoría de las clínicas simplemente llaman al 911, lo que pone a los pacientes en riesgo y contribuye al hacinamiento en la sala de emergencias”.
En 2018, la Proposición 8, respaldada por sindicatos, buscó limitar las ganancias de las clínicas de diálisis y obligarlas a invertir más de sus ganancias en la atención al paciente. Los votantes rechazaron la medida, pero no antes de que se convirtiera en la iniciativa más costosa en la boleta electoral de 2018, generando más de $130 millones en gastos de campaña: más de $111 millones de compañías de diálisis para acabar con la iniciativa y alrededor de $19 millones de sindicatos que la apoyaron.
Dos años después, los votantes rechazaron la Proposición 23, que habría hecho mandatos similares a la medida de este año.
