SAN SALVADOR - La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes reformar el Código Penal para sancionar a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan o transmitan "mensajes o comunicados originados o presuntamente originados" por pandillas.
La reforma, propuesta por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con los votos de 63 diputados de 84 en el Congreso y con dispensa de trámite, es decir sin estudio ni discusión parlamentaria.
El diputado Rodrigo Ávila, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso que la iniciativa pasara a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para ser estudiada, pero no alcanzó los votos para ello.
La reforma al Código Penal establece penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes "elaboren, participen en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las diferentes agrupaciones".
Igual sanción se aplica a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital que "reproduzcan o transmitan" mensajes de pandillas.
Esta reforma se suma a una serie de reformas penales que incluyen la cárcel para menores, penas más altas para cabecillas de pandillas y para los que intenten ingresar a una de estas organizaciones, aprobadas recientemente por el Congreso tras una escalada de violencia.
El Salvador cumple este martes diez días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una "guerra contra las pandillas", como lo hicieron sus antecesores.
La aprobación de las reformas al Código Penal que afecta a los medios de comunicación ha sido criticada por grupos de periodistas, quienes describen las medidas como "reformas mordaza".
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) indicó en un comunicado que consideran "estas reformas como un claro intento de censurar a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel con la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer".
"El trabajo periodístico ha sido fundamental para comprender el impacto de las pandillas, los grupos criminales que han sangrado al país desde hace décadas".
CONTROVERSIAL REGIMEN DE EXCEPCION
Una decena de organizaciones salvadoreñas e internacionales señalaron este martes que el régimen de excepción que vive el país también golpea los derechos humanos, por lo que llamaron a implementar medidas integrales para dar solución al problema de la violencia, generada principalmente por las pandillas.
Las organizaciones sociales y la oficina del ombudsman salvadoreño, Apolonio Tobar, han recabado más de 100 denuncias de vulneraciones a derechos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Abraham Ábrego, de la organización Cristosal, señaló que la medida "está ocasionando mayores afectaciones a la población en materia de derechos humanos" e indicó que "representa la expresión más punitiva del Estado".
Apuntó que "el incremento de la violencia no es justificación para la adopción de un régimen de excepción".
Abogados y activistas de derechos humanos han señalado que las herramientas legales normales deberían bastar para enfrentar la criminalidad sin suspender derechos.
El abogado de Cristosal subrayó que la suspensión del derecho que tienen las personas a la defensa representa "una grave violación a los derechos humanos" y "es un elemento que no debe ser parte de un régimen de excepción.
Invitó al Gobierno de Bukele a buscar mecanismos y promover políticas que "acaben con la violencia en el país de una forma integral y no atentando contra los derechos humanos de la población".
Entes como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) expresaron nuevamente su preocupación por el régimen de excepción adoptado por el Gobierno de Bukele y señalaron que en El Salvador se están implementando estrategias que "ya han comprobado ser fallidas en otros momentos".
La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HWR), Tamara Taraciuk, señaló este martes que el régimen de excepción "abre la puerta para que se comentan graves violaciones a derechos humanos", incluyendo a la niñez.
Taraciuk indicó que "lamentablemente" las políticas que han sido adoptadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en materia de seguridad, "en vez de proteger a la población está poniendo en riesgo sus derechos".
