La Corte Suprema de Justicia informó el miércoles que escuchará una apelación que podría anular cientos de cargos derivados de los disturbios en el Capitolio, incluso contra el expresidente Donald Trump.
Los jueces revisarán un fallo de apelación que revivió un cargo contra tres acusados de obstrucción de un procedimiento oficial. El cargo se refiere a la interrupción de la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 sobre Trump.
Ese es uno de los cuatro cargos presentados contra Trump en el caso del fiscal especial Jack Smith que acusa al candidato favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 de conspirar para anular los resultados de su derrota electoral. Trump también está acusado de conspiración para obstruir un procedimiento oficial.
La decisión del tribunal de evaluar el cargo de obstrucción podría amenazar el inicio del juicio de Trump, actualmente programado para el 4 de marzo. Los jueces están considerando por separado si se pronuncian rápidamente sobre la afirmación de Trump de que no puede ser procesado por acciones tomadas dentro de su papel de presidente. Un juez federal ya rechazó ese argumento.
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Un abogado de Trump no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios sobre la decisión de la Corte Suprema de revisar el cargo.
La Corte Suprema escuchará los argumentos en marzo o abril y se espera que se tome una decisión a principios del verano.
El cargo de obstrucción, que conlleva hasta 20 años tras las rejas, se ha presentado contra más de 300 acusados y se encuentra entre los cargos de delito grave más utilizados en la masiva acusación federal tras la mortal insurrección del 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en un intento por evitar que Biden tomara la Casa Blanca.
Al menos 152 personas han sido condenadas en juicio o se han declarado culpables de obstruir un procedimiento oficial, y al menos 108 de ellas han sido sentenciadas, según una revisión de los registros judiciales por parte de Associated Press.
EL CASO A DISCUTIRSE
El caso que los nueve magistrados del máximo foro judicial evaluarán es Fischer vs. United States. Anteriormente, un juez de un tribunal inferior había desestimado el cargo contra Joseph Fischer, un exoficial de policía de Pensilvania, y otros dos acusados, al considerar que no cubría su conducta.
Los jueces acordaron escuchar la apelación presentada por los abogados de Fischer, quien enfrenta una acusación formal de siete cargos por sus acciones del 6 de enero, incluido el cargo de obstrucción.
Los otros acusados son Edward Jacob Lang, del Hudson Valley de Nueva York, y Garret Miller, quien desde entonces se declaró culpable de otros cargos y fue sentenciado a 38 meses de prisión. Miller, que es del área de Dallas, aún podría enfrentar un proceso por el cargo de obstrucción.
El juez de distrito estadounidense Carl Nichols determinó que los fiscales estiraron la ley más allá de su alcance para aplicarla de manera inapropiada en estos casos. Nichols dictaminó que un acusado debe haber tomado “alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto” para obstruir un procedimiento oficial conforme a la ley.
El Departamento de Justicia impugnó ese fallo y el tribunal de apelaciones de Washington estuvo de acuerdo con los fiscales en abril en que la interpretación de la ley por parte de Nichols era demasiado limitada.
Otros acusados, incluido Trump, impugnan por separado el uso del cargo.
La abogada defensora Kira Anne West, que ha representado a varios acusados del 6 de enero, dijo que los tribunales tendrán que “deshacer un montón de casos” y ajustar muchas sentencias si la Corte Suprema falla a su favor.
“Este es un día decisivo”, afirmó. “En nuestro mundo, el mundo de los abogados defensores, esto es enorme”.
West representa a un hombre que será juzgado a principios de enero por cargos que incluyen el cargo de obstrucción. Aún no sabe si solicitará un aplazamiento hasta que la Corte Suprema resuelva la impugnación.
Más de 1,200 personas han sido acusadas de delitos federales derivados del motín y más de 700 acusados se han declarado culpables.
