El Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) y los fiscales generales de Massachusetts, Nueva York y Virginia han presentado una demanda contra la compañía Libre by Nexus, alegando que se aprovecha de inmigrantes a través de una estafa en la que “engañan” a los participantes para que paguen tarifas costosas y confusas.
El Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) y los fiscales generales de Massachusetts, Nueva York y Virginia han presentado una demanda contra la compañía Libre by Nexus, alegando que se aprovecha de inmigrantes a través de una estafa en la que "engañan" a los participantes para que paguen tarifas costosas y confusas.
Según el litigio presentado el lunes, Libre trabaja con los inmigrantes detenidos y sus familias, en general de origen latino y con un inglés limitado, para lograr su liberación bajo fianza de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a lo largo del país, mientras aguardan sus audiencias.
La demanda afirma que, una vez que los inmigrantes son liberados de la custodia de ICE, Libre lleva a los detenidos a un restaurante local o a una oficina de la compañía y sus empleados presionan a las personas para que firmen contratos “abusivos” escritos exclusivamente en inglés y que establecen tarifas costosas.
Los reguladores aseguran que Libre hizo que muchos inmigrantes creyeran que estaban pagando sus fianzas de inmigración, cuando en realidad estaban simplemente pagando honorarios no reembolsables a Libre. Bajo los acuerdos de esta compañía, los detenidos presuntamente son obligados a pagar una cifra por adelantado equivalente al 24% hasta el 30% de su fianza de inmigración, así como una tarifa mensual de $420 para el monitor de tobillo con GPS.
“Libre by Nexus presuntamente se ha aprovechado de la vulnerabilidad de inmigrantes aterrados que están detenidos en centros de detención federal, así como de sus familias y amigos, para su beneficio financiero personal”, dijo en un comunicado el fiscal general de Virginia, Mark R Herring. “No solo eso, sino que la compañía presuntamente ha forzado a sus clientes a usar artefactos GPS, esencialmente sacándolos de una prisión pero abandonos a su negocio”.
De acuerdo con la demanda, ya que los casos de inmigración pueden tomar años en resolverse, la mayoría de los participantes termina pagando mucho más por los servicios de Libre que por la fianza de ICE, que sí es reembolsable.
El Buró sostiene que alguien a quien se le asignó una fianza ed $10,000 y un caso de inmigración de tres años podría terminar pagando hasta $17,000 en tarifas por el monitor GPS. Lo reguladores indicaron que estos artefactos no son requeridos por las autoridades federales, pero que son usados comúnmente por las compañías de fianzas para asegurar que los inmigrantes se presenten en sus audiencias.
En un comunicado a CNBC, el presidente y gerente general de Libre, Mike Donovan, negó todas las acusaciones de la agencia federal y de los fiscales.
“Libre by Nexus está comprometido a luchar por los inmigrantes marcados por la tortura de la detención ‘civil’ de inmigración. Mientras hemos luchado por la liberación de decenas de miles de inmigrantes en detención, especialmente durante los últimos cuatros años, los fiscales han tomado tiempo y dinero para investigar nuestra compañía”, dijo Donovan.
Además de cobrar cifras “exhorbitantes”, Libre también presuntamente amenaza a los inmigrantes liberados bajo fianza con que serán detenidos y deportados si no les pagan. Pese Mientras que declaraciones de Libre llevan a que muchos inmigrantes y sus familias asuman que está afiliado con ICE, la demanda asegura que la compañía en realidad es solo un intermediario y no una agencia de fianzas autorizada.
Cualquier producto o servicio financiero que se base en engaños es ilegal, así como es el confundir a los consumidores o emitir amenazas de colección de deudas, dijo el director interino de CFPB David Uejio.
El litigio de CFPB busca prohibir que Libre siga empleando lo que describen como conducta engañosa, abusiva e ilegal, así como pide a una corte que ordene a Libre a “restituir” consumidores e imponer multas y penalidades.
