El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia suspender la aplicación de una ley de casi medio siglo que prohíbe a las empresas estadounidenses y extranjeras sobornar a funcionarios de gobiernos foráneos para obtener o retener negocios.
"Suena bien, pero daña al país", dijo Trump sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), al firmar la orden en la Casa Blanca.
"Muchos, muchos acuerdos no se pueden concretar porque nadie quiere hacer negocios, porque no quieren sentir que cada vez que levantan el teléfono van a ir a la cárcel", indicó Trump, refiriéndose a los esfuerzos anticorrupción de Estados Unidos.
Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNBC: "Una pausa en la aplicación para comprender mejor cómo agilizar la FCPA para asegurarse de que esté en línea con los intereses económicos y la seguridad nacional".
La pausa en los procesos penales bajo la FCPA se está implementando para evitar poner a las empresas estadounidenses en desventaja económica frente a sus competidores extranjeros.
La intención de la FCPA es, en parte, impedir que las empresas estadounidenses fomenten una corrupción pública desenfrenada que socava el estado de derecho en muchas partes del mundo. Con el tiempo, las normas de la FCPA se han convertido en principios fundamentales de cómo operan las empresas estadounidenses en el extranjero.
La FCPA se convirtió en ley en 1977 y prohibió a todos los estadounidenses y a ciertos emisores extranjeros de valores pagar sobornos a funcionarios foráneos. La ley fue enmendada en 1998 para aplicarse a empresas y personas extranjeras que provocaran que se produjeran esos sobornos dentro de Estados Unidos.
La Casa Blanca
La ley, redactada en términos amplios, se aplica no sólo a los sobornos directos que se pagan, sino también a los que son ofrecidos, planificados o autorizados por la dirección de una empresa.
La definición de la FCPA de los tipos de acciones de funcionarios extranjeros que darían lugar a la aplicación de la ley también es amplia.
Se puede procesar a personas físicas y jurídicas en virtud de la FCPA.
Los infractores de la FCPA enfrentan una sentencia penal máxima posible de 15 años de prisión y una multa máxima de $250,000, o tres veces el equivalente monetario de la cosa de valor exigida por un funcionario extranjero.
En 2024, el Departamento de Justicia anunció medidas coercitivas en 24 casos relacionados con presuntas violaciones de la FCPA.
En 2023, se anunciaron 17 medidas coercitivas de este tipo.
