GUADALAJARA - Los pobladores de las comunidades de El Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco, mantienen la esperanza de que los gobiernos estatal y federal limpien las contaminadas aguas del río Santiago y atiendan los cientos de casos de enfermedad renal y cáncer que el problema ambiental les ha causado desde hace dos décadas.
El establecimiento de unas 250 empresas que vierten sus desechos a lo largo de los 72 kilómetros (44.7 millas) de su cauce han convertido al río Santiago en una mezcla de agua negra, espuma blanca y olores fétidos que provocan dolor de cabeza, náuseas y comezón en la piel tan solo de olerlos unos minutos.
Miles de personas, principalmente pobladores de El Salto y Juanacatlán, viven en los márgenes del río que nace en el lago de Chapala, el más grande de México, y que termina en el océano Pacífico. En estas comunidades no existe una sola calle donde no se conozca el caso de algún vecino, amigo o familiar que padezca enfermedad renal o cáncer.
Muchos han muerto, triplicando el espacio del cementerio.
Jesús Mercado cuenta que le diagnosticaron cáncer de testículo en noviembre. Eso pone en riesgo el trasplante de riñón que le hicieron hace unos años para paliar la insuficiencia renal que le diagnosticaron a los 14 años.
Aunque los doctores no pueden darle una causa específica de sus enfermedades, sí sospechan que pueden ser resultado a la exposición al agua del río Santiago y las partículas contaminantes que deja en el aire.
“Es lo que se sospecha porque por lo menos te puedo hablar de 15 a 20 casos que conozco en el municipio que padecen enfermedad renal y muchos más que padecen cáncer, pero no creo que sea coincidencia, tanto aquí como en municipios aledaños al río hay mucha gente que estamos sufriendo las enfermedades”, dijo desde la sala de su casa.
A unas calles de allí, Joaquín Contreras se recupera del cateterismo que le hicieron un día antes en un hospital particular.
Dice que al menos 20 de sus excompañeros de primaria tienen insuficiencia renal y otros cinco han muerto de este mal. A sus 32 años él mismo la sufre desde los 13 años, fue trasplantado hace 15 años, pero recayó hace unos meses debido a que respira y toma la misma agua contaminada.
“Mi petición es que sanen ese río para que más personas no pasen este tipo de problemas. Justicia no creo que la encontremos porque prácticamente se nos está yendo la vida”, señaló.
ORGANISMOS ALERTAN DE LA CRISIS
“Aunque se retiraran las industrias el daño está hecho, los daños al ambiente son permanentes, no se van y siguen en aumento. Las generaciones futuras ya están comprometidas y por más que se haga (la estrategia de limpieza) nuestros hijos y nietos enfrentarán una situación crítica”, dijo Graciela González, miembro del colectivo Un salto de vida que aglutina a varios de los enfermos.
Durante los últimos años las autoridades locales negaron la contaminación del río, pese a que diversas universidades y organismos como Greenpeace señalaron el riesgo sanitario y los problemas de contaminación en la zona.
A finales de febrero un medio local dio a conocer un estudio científico contratado en 2010 por el gobierno de Jalisco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASP) que revela que desde hace al menos una década había indicios de afectaciones sanitarias y ambientales por esta causa.
El estudio fue ocultado por el propio gobierno estatal debido a que revelaba la presencia de metales pesados como plomo, arsénico, benceno, cadmio (que puede causar daño renal) y mercurio en la sangre de hasta 98% de los niños de seis poblados cercanos, en concentraciones por arriba de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“A largo plazo puede generar problemas en la médula ósea que provocan una leucemia o una enfermedad de este tipo, de cáncer en la sangre”, dijo Gabriela Domínguez, encargada del estudio, al periodista José Toral, quien lo dio a conocer gracias a una solicitud de transparencia.
Tras su publicación, el Gobierno del Estado de Jalisco anunció una “estrategia integral para la recuperación del río” que incluye un colector para sanear las aguas, la limpieza de 72 kilómetros del afluente y el retiro de maleza para “mejorar la calidad del agua y disminuir las afectaciones a la salud”.
Días después de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que pide a México adoptar medidas “para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros (3 millas) del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala.
El plazo para que los gobiernos estatal y federal tomen esas medidas cautelares venció el pasado 29 de febrero. Hasta ahora no hay ningún cambio, apuntó Graciela González.
La intervención de la CIDH abre una nueva esperanza para los pobladores quienes han reactivado las protestas y la movilización que el peso de la enfermedad había apaciguado en los años recientes. La ayuda, sin embargo, llega tarde, afirmó.
“Es una gran entrada a que el Estado, de forma obligatoria, ponga atención. Nosotros sí le vemos esa alegría de que por fin una instancia internacional le está diciendo al gobierno que lo que está haciendo no es lo adecuado, lo que nosotros se lo venimos diciendo de manera reiterada”, puntualizó.
“No les importamos ni a los empresarios, ni al gobierno. Ojalá de verdad hagan algo, a nosotros ya nos tocó padecerlo, por las nuevas generaciones ojalá lo hagan por ellos. Ahorita somos muchos, pero después vamos a ser muchos más”.
